El manejo del recurso natural
hídrico ha entrado en crisis. Ante la perspectiva de una problemática múltiple
causada por la escasez de agua, el debate técnico se ha volcado hacia la
construcción de propuestas racionales para un aprovechamiento más sostenible.
El Ecuador no se ha visto
ajeno a estas discusiones, ain embargo, la temática de las mismas en su mayor
se ha derivado hacia su uso como suministro de líquido vital para los centros
urbanos, el apoyo a las actividades agrícolas-ganaderas, las obras civiles asociadas
a esos usos y a la mejora de las relaciones en las que se involucran los
actores sociales encargados del manejo del recurso, tales como las llamadas
Juntas de Agua.
Mas allá de las declaraciones gubernamentales que se han
condensado en diversos cuerpos legales hay que señalar que la problemática de
la contaminación de los ríos originada por los vertidos derivados de las actividades
agrícolas, ganaderas, industriales y municipales no ha sido lo suficientemente
estudiada, lo que hace que la visión sobre este tema sea mas bien fruto de la
percepción popular, lo que muchas veces dificulta apreciar la verdadera
dimensión de este problema.
Progresivamente las autoridades involucradas en la toma de
decisiones en el país han ido tomando conciencia de la relevancia de esta
situación, y las consecuencias irreversibles de mantener una postura de
inactividad hacia ella, por lo que se evidencia que algunas ciudades han
empezado a plantear de manera concreta planes de mitigación, que en el caso
particular de la ciudad de Ibarra se han concretado en proyectos tales como la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Yahuarcocha o la nueva planta para
el tratamiento de las descargas de aguas residuales municipales, que hoy tienen
como destino el curso del río Tahuando, convirtiéndolo en un cuerpo de agua
infecto, constituyendo un grave riesgo
para la seguridad de la misma ciudad.
La falta de información concreta que refleje los niveles de
contaminación del río Tahuando parte del hecho que no ha existido una política
que apoye la prevención a nivel de las entidades encargadas del mismo, lo que
impide que se generen datos históricos y secuenciales que en otro escenario
serían fundamentales para una modelación hidrológica completa. Al carecer de
ellos no se pueden sacar conclusiones valederas que sirvan de indicadores
confiables para evaluar la efectividad de las acciones de mitigación que
deberían ejecutarse en aras de una preservación ambiental.
Un procedimiento técnico de monitoreo debe tener algunas
características entre las que destacan la practicidad, la economía, la
rigurosidad y la reproducibilidad. Al ser satisfactorios estos requisitos
estamos frente a una propuesta que puede ser fácilmente adoptada por las
entidades correspondientes para efectos de generar esa base de datos que se
requiere
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